13 ene. 2009 at 6:39pm
Toma del Palacio de Justicia de Colombia: 22 años después
- Imprimir
- Enviar email
-
MIAMI, dic 9, 2007- Han tenido que pasar 22 años para que las autoridades colombianas finalmente descubrieran que existe un instrumento legal que podría condenar a los militares responsables de la retoma del Palacio de Justicia de Bogotá de manos de guerrilleros del M 19.
Por más de dos décadas, Ana María Bidegain estuvo convencida de que su esposo murió dentro del Palacio de Justicia de Colombia por el fuego cruzado entre guerrilla y fuerza pública hasta que la aparición de un video inédito la puso de cara frente a una dura realidad: las imágenes mostraban a su esposo, el Magistrado Carlos Horacio Urán, saliendo con vida de la sede judicial
En el video, Urán sale cojeando del edificio ayudado por presuntos socorristas y trasladado en una camilla, sin embargo, al finalizar el drama de 27 horas, su cuerpo fue encontrado dentro de la sede con un tiro en la cabeza.
Como Ana María, millones de colombianos no dudaron en un principio que el ejército y la policía controlarían la situación en la sede judicial salvaguardando la vida de quienes ahí se encontraban. Jamás imaginaron que miembros de estas instituciones cometerían durante el operativo graves violaciones a los derechos humanos incluso contra los mismos rehenes.
LA TOMA DEL PALACIO
El 6 de noviembre de 1985, más de 35 guerrilleros, miembros del M 19, ingresaron de manera violenta a la sede judicial, matando en el camino a los guardias de seguridad y al administrador del edificio.
La acción de los guerrilleros desencadenó uno de los operativos militares más sangrientos y polémicos en la historia de Colombia cuando efectivos del ejército y la policía ingresaron a sangre y fuego a la sede utilizando artillería pesada sin tomar en cuenta la integridad de los subversivos ni la de los cientos de rehenes en su poder, entre ellos, empleados y visitantes, magistrados, que desde el interior pedían desesperadamente un cese al fuego, súplicas que nunca fueron atendidas.
LOS ABUSOS COMETIDOS
Los testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad, creada en noviembre del 2005 por la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de esclarecer lo acontecido, evidencian una serie de abusos cometidos por órdenes de altos mandos del ejército y de la policía desde el inicio del operativo hasta después de finalizadas las acciones, cuando muchos de los sobrevivientes fueron conducidos a sedes militares donde algunos fueron sometidos a tratos crueles y otros desaparecidos.
Yolanda Ernestina Santodomingo -estudiante universitaria que en el momento de la toma estaba visitando a un magistrado- reveló ante los miembros de la Comisión de la Verdad, detalles de cómo fue detenida y torturada durante un interrogatorio al que fue sometida por efectivos del ejército para luego ser abandonada al borde de una carretera.
SE ELIMINA LA EVIDENCIA
Concluido el operativo, se puso en marcha una serie de actos irregulares cuyo objetivo era eliminar toda evidencia que implicara a los miembros de las fuerzas armadas en la catástrofe.
Como se indica en la página 21 del informe preliminar de la Comisión: “Una vez consumada la catástrofe, militares no sólo impidieron que se cumpliera con las más elementales reglas de investigación criminal, sino que se incineraron algunos cadáveres, se lavaron otros, se les despojó de sus prendas, se ordenó a algunos bomberos trasladarlos de la escena del crimen, junto con elementos materiales, algunos de los cuales se barrieron, quedando destruidas huellas o eliminadas valiosas pruebas. Luego, los cadáveres fueron conducidos de manera desordenada y apartada de elementales normas técnicas a Medicina Legal, donde tampoco se permitió realizar la totalidad de las necropsias, ya que se impartió la orden de trasladarlos a fosas comunes”.
RESPONSABLES
El operativo de retoma del palacio de manos del M 19, durante 28 horas, se llevó a cabo por las fuerzas armadas sin la intención real ni efectiva de tratar de salvar la vida de los rehenes.
A lo largo de 22 años, se abrieron varios procesos penales en distintos despachos judiciales contra los militares implicados por los hechos del Palacio de Justicia y ninguno prosperó debido a la falta de apoyo del gobierno y el temor de los testigos a denunciar por miedo a las amenazas recibidas contra ellos y sus familias.
Según el informe preliminar de la Comisión de la Verdad, publicado el 15 de noviembre de 2006, se presentaron varias denuncias contra el Presidente de la República de ese entonces Belisario Betancur, pero fueron archivadas con resolución inhibitoria, porque se estimó que no hubo vacío de poder, que al frente de las “cosas del Estado” siempre estuvo el Presidente Betancur, y que no fue cierto que hubiera sido suplantado. También se consideró que el Presidente no obró indignamente ni infringió ninguna norma penal al abstenerse de negociar con los guerrilleros, porque hacerlo o no eran actos políticos." "Si bien se reconocieron que hubo excesos de la fuerza pública, pero esa no era responsabilidad del Presidente, sino de los comandantes de la operación y de quienes la ejecutaron, sobre quienes la Cámara de Representantes no tenía jurisdicción, menos para un juicio político.
El informe también menciona que el 31 de enero de 1989, se inició una acción para investigar sobre la conducta del General Jesús Armando Arias Cabrales, excomandante de la XIII Brigada, por los sucesos del cuarto piso y del baño ubicado entre el segundo y el tercer nivel. Las copias también eran para La investigación también incluía al excomandante del B-2 de la misma Brigada, Coronel Edilberto Sánchez Pubiano, por los tratos crueles a dos estudiantes del Externado, Eduardo Matzon y Yolanda Ernestina Santodomingo, así como por la desaparición de Clara Elena Enciso e Irma Franco, Guerrilleras del M 19.
Los procesos no progresaron porque nunca se probó relación con ellos y porque además que a la fecha ya había prescrito la acción penal por los supuestos delitos de los que sería acusar.
Han transcurrido casi dos décadas y todo indica que finalmente los militares, Coronel Edilberto Sanchez Rubiano, General Jesús Armando Cabrales, Comandante Luis Alfonso Plazas Vega, Jefe del Estado Mayor Rafael Samudio y el mayor Carlos Alberto Fracica Naranjo podrían ser condenados por el delito de desaparición forzada, consistente en el hecho de que la víctima no aparezca, hecho tipificado por la ley como delito continuado, es decir que se sigue ejecutando mientras no se sepa la suerte del desaparecido, razón por la cual no ha prescrito, a diferencia de delitos como tortura, homicidio, secuestro que no pueden ser enjuiciables después de 20 años de cometidos.
Basados en el mandato de la Corte Interamericana, que obliga al Estado a investigar de manera adecuada y sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, como lo sucedido en el palacio de justicia, los estudiantes de la maestría de periodismo en español de la Universidad Internacional de la Florida exponemos los hechos con el fin de que ese mandato finalmente se cumpla para no dejar espacio a la impunidad y evitar que crímenes como éstos se repitan.
Trabajo elaborado en el primer semestre de la Maestría de Periodismo en Español de FIU-2007 por Mariana Rivas, Lidia Romero y Ramón Melendez.
Responder con tu propio contenido
Por más de dos décadas, Ana María Bidegain estuvo convencida de que su esposo murió dentro del Palacio de Justicia de Colombia por el fuego cruzado entre guerrilla y fuerza pública hasta que la aparición de un video inédito la puso de cara frente a una dura realidad: las imágenes mostraban a su esposo, el Magistrado Carlos Horacio Urán, saliendo con vida de la sede judicial
En el video, Urán sale cojeando del edificio ayudado por presuntos socorristas y trasladado en una camilla, sin embargo, al finalizar el drama de 27 horas, su cuerpo fue encontrado dentro de la sede con un tiro en la cabeza.
Como Ana María, millones de colombianos no dudaron en un principio que el ejército y la policía controlarían la situación en la sede judicial salvaguardando la vida de quienes ahí se encontraban. Jamás imaginaron que miembros de estas instituciones cometerían durante el operativo graves violaciones a los derechos humanos incluso contra los mismos rehenes.
LA TOMA DEL PALACIO
El 6 de noviembre de 1985, más de 35 guerrilleros, miembros del M 19, ingresaron de manera violenta a la sede judicial, matando en el camino a los guardias de seguridad y al administrador del edificio.
La acción de los guerrilleros desencadenó uno de los operativos militares más sangrientos y polémicos en la historia de Colombia cuando efectivos del ejército y la policía ingresaron a sangre y fuego a la sede utilizando artillería pesada sin tomar en cuenta la integridad de los subversivos ni la de los cientos de rehenes en su poder, entre ellos, empleados y visitantes, magistrados, que desde el interior pedían desesperadamente un cese al fuego, súplicas que nunca fueron atendidas.
LOS ABUSOS COMETIDOS
Los testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad, creada en noviembre del 2005 por la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de esclarecer lo acontecido, evidencian una serie de abusos cometidos por órdenes de altos mandos del ejército y de la policía desde el inicio del operativo hasta después de finalizadas las acciones, cuando muchos de los sobrevivientes fueron conducidos a sedes militares donde algunos fueron sometidos a tratos crueles y otros desaparecidos.
Yolanda Ernestina Santodomingo -estudiante universitaria que en el momento de la toma estaba visitando a un magistrado- reveló ante los miembros de la Comisión de la Verdad, detalles de cómo fue detenida y torturada durante un interrogatorio al que fue sometida por efectivos del ejército para luego ser abandonada al borde de una carretera.
SE ELIMINA LA EVIDENCIA
Concluido el operativo, se puso en marcha una serie de actos irregulares cuyo objetivo era eliminar toda evidencia que implicara a los miembros de las fuerzas armadas en la catástrofe.
Como se indica en la página 21 del informe preliminar de la Comisión: “Una vez consumada la catástrofe, militares no sólo impidieron que se cumpliera con las más elementales reglas de investigación criminal, sino que se incineraron algunos cadáveres, se lavaron otros, se les despojó de sus prendas, se ordenó a algunos bomberos trasladarlos de la escena del crimen, junto con elementos materiales, algunos de los cuales se barrieron, quedando destruidas huellas o eliminadas valiosas pruebas. Luego, los cadáveres fueron conducidos de manera desordenada y apartada de elementales normas técnicas a Medicina Legal, donde tampoco se permitió realizar la totalidad de las necropsias, ya que se impartió la orden de trasladarlos a fosas comunes”.
RESPONSABLES
El operativo de retoma del palacio de manos del M 19, durante 28 horas, se llevó a cabo por las fuerzas armadas sin la intención real ni efectiva de tratar de salvar la vida de los rehenes.
A lo largo de 22 años, se abrieron varios procesos penales en distintos despachos judiciales contra los militares implicados por los hechos del Palacio de Justicia y ninguno prosperó debido a la falta de apoyo del gobierno y el temor de los testigos a denunciar por miedo a las amenazas recibidas contra ellos y sus familias.
Según el informe preliminar de la Comisión de la Verdad, publicado el 15 de noviembre de 2006, se presentaron varias denuncias contra el Presidente de la República de ese entonces Belisario Betancur, pero fueron archivadas con resolución inhibitoria, porque se estimó que no hubo vacío de poder, que al frente de las “cosas del Estado” siempre estuvo el Presidente Betancur, y que no fue cierto que hubiera sido suplantado. También se consideró que el Presidente no obró indignamente ni infringió ninguna norma penal al abstenerse de negociar con los guerrilleros, porque hacerlo o no eran actos políticos." "Si bien se reconocieron que hubo excesos de la fuerza pública, pero esa no era responsabilidad del Presidente, sino de los comandantes de la operación y de quienes la ejecutaron, sobre quienes la Cámara de Representantes no tenía jurisdicción, menos para un juicio político.
El informe también menciona que el 31 de enero de 1989, se inició una acción para investigar sobre la conducta del General Jesús Armando Arias Cabrales, excomandante de la XIII Brigada, por los sucesos del cuarto piso y del baño ubicado entre el segundo y el tercer nivel. Las copias también eran para La investigación también incluía al excomandante del B-2 de la misma Brigada, Coronel Edilberto Sánchez Pubiano, por los tratos crueles a dos estudiantes del Externado, Eduardo Matzon y Yolanda Ernestina Santodomingo, así como por la desaparición de Clara Elena Enciso e Irma Franco, Guerrilleras del M 19.
Los procesos no progresaron porque nunca se probó relación con ellos y porque además que a la fecha ya había prescrito la acción penal por los supuestos delitos de los que sería acusar.
Han transcurrido casi dos décadas y todo indica que finalmente los militares, Coronel Edilberto Sanchez Rubiano, General Jesús Armando Cabrales, Comandante Luis Alfonso Plazas Vega, Jefe del Estado Mayor Rafael Samudio y el mayor Carlos Alberto Fracica Naranjo podrían ser condenados por el delito de desaparición forzada, consistente en el hecho de que la víctima no aparezca, hecho tipificado por la ley como delito continuado, es decir que se sigue ejecutando mientras no se sepa la suerte del desaparecido, razón por la cual no ha prescrito, a diferencia de delitos como tortura, homicidio, secuestro que no pueden ser enjuiciables después de 20 años de cometidos.
Basados en el mandato de la Corte Interamericana, que obliga al Estado a investigar de manera adecuada y sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, como lo sucedido en el palacio de justicia, los estudiantes de la maestría de periodismo en español de la Universidad Internacional de la Florida exponemos los hechos con el fin de que ese mandato finalmente se cumpla para no dejar espacio a la impunidad y evitar que crímenes como éstos se repitan.
Trabajo elaborado en el primer semestre de la Maestría de Periodismo en Español de FIU-2007 por Mariana Rivas, Lidia Romero y Ramón Melendez.
Enviar por email
Responder con tu propio contenido
MÁS VISITADOS
Stories
Photos
Video