La salud no es un favor, es un derecho

Los cambios en el sistema de salud, incorporados bajo el estado de Emergencia Social, han sido rechazados por varios sectores sociales que no están de acuerdo con el contenido de los decretos.

Por: Omar Galvis

Durante las últimas semanas miles de personas han salido a las calles de distintas ciudades colombianas a protestar contra la polémica reforma, que para muchos hará más difícil la atención en salud.

Las pancartas reflejan el sentimiento y la voz de muchos trabajadores y pensionados colombianos: “La salud no es un favor, es un derecho”.

Al presidente Álvaro Uribe se le suma otro problema de grandes proporciones, que tiene en entredicho la labor de algunos de sus ministros. Diego Palacio Betancourt, Ministro de Protección Social, es el último de ellos, pues ha provocado una fuerte oposición en todas las partes involucradas en el sistema de salud, que afecta directamente a miles de colombianos.

La reforma a la salud parece haber sido una mala decisión del gobierno Uribe, precisamente en un momento clave, de cara al proceso electoral que se avecina . Muchos expertos manifiestan que esta reforma no era necesaria, y que se definió de un momento a otro sin que el país tuviera conocimiento.

Tal como lo registró la prensa, los 16 decretos de la emergencia social se firmaron a la medianoche del 21 de enero, sin consultar previamente con sectores interesados. El país se enteró de ellos el viernes 22, e inmediatamente vinieron las reacciones.

La revista Semana en su reciente edición registra un hecho que pudo hacer explotar esta "bomba" en que se convirtió la emergencia social. La revista manifiesta que en una reunión de las muchas que en las últimas semanas le ha tocado asistir al Ministro para explicar la polémica reforma,“un hombre de 82 años se llevó las manos al pecho y se desplomó mientras le gritaba "¿Qué hacen con la plata, ministro?" .Palacio corrió hasta donde él, se lo llevaron para el hospital y por fortuna era sólo una afección cardíaca por la manera como se exaltó”.

A continuación el artículo cierra el párrafo con la siguiente pregunta: ¿Cómo sería el escándalo si al Ministro encargado de la salud se le muere en frente un anciano que le reclama por la polémica reforma que ha hecho en su cartera?

Eso sería con un solo anciano, pero en Colombia habitan cerca de 2 millones de ancianos y 400 mil de ellos viven en condiciones de vulnerabilidad, según cifras del Departamento Administrativo de Estadísticas -DANE-. Las proporciones del problema son extensas y sin duda están afectando la vida de los colombianos.

La reforma afecta también la economía y por consiguiente el bolsillo de la mayoría de la población. El Banco de la República señaló que los decretos de la Emergencia Social que impone un mayor IVA a las cervezas, licores y juegos de azar, impactará sobre la inflación, lo cual implica “un aumento importante en el precio de los alimentos y algunos bienes regulados, a partir del mes de febrero con especial fuerza", según lo manifestó José Darío Uribe, gerente y funcionario del Banco.

Una de los decretos más polémicos de la reforma obligaba a pagar con las cesantías tratamientos médicos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud -POS- o lo que se ha llamado prestaciones excepcionales en salud. Esto, según el presidente Uribe, involucraba a las personas de estratos más pudientes (5 y 6).

Sin embargo este decreto fue uno de los primeros en ser considerado por el Presidente para ser derogado en el congreso: “Si esto no queda claro, yo repito con toda franqueza ante mis compatriotas, el gobierno sería el primero en aceptar que se derogue”, expresó Uribe en entrevista al programa “El Radar” de Caracol TV.

Pero el artículo 15 de ese mismo decreto dice que “la autorización de prestaciones excepcionales en salud que serán cofinanciadas por el Fonpres (Fondo de Prestaciones Excepcionales en Salud) procederá previa verificación de la capacidad real de pago del afiliado, a partir de la cual se determinará si el solicitante o su grupo familiar pueden costearlo en su totalidad, o la proporción en que puedan asumirlo, teniendo en cuenta su nivel de ingreso o capacidad patrimonial”.

Según la Revista Semana, no está eliminada la obligación de usar los ahorros para pagar estos servicios de salud. Lo único que se eliminó fue la posibilidad de hacerlo con las cesantías.

Hay que detenerse a pensar en la magnitud real que causaría la emergencia social. Si en Colombia son 2 millones de ancianos y 400 mil de ellos viven a la intemperie por falta de atención del Estado y de la sociedad, estos 400 mil son más vulnerables a las enfermedades que a su edad se comienzan a manifestar con más fuerza, pero también los 1.600 que a pesar de tener recursos también podrían manifestar las mismas enfermedades. Entonces con esta reforma ¿dónde quedaría la atención y el derecho que tienen estas personas de la tercera edad a una digna salud?

¡Y que decir de los miles de niños que también están a la intemperie y con serios problemas de desnutrición!

Según cifras del DANE, hasta el año 2008 la población afiliada al sistema de seguridad social en salud era de 86.02% mientras que tan solo un 13.84% estaba por fuera. De acuerdo con esto la mayoría de la población tiene derecho a la salud, pero la atención prestada en clínicas y hospitales no alcanza a cubrir todas las necesidades de los usuarios inscritos. Muchos de estos tienen una percepción regular o mala del servicio, justificando que en algunas se manifiesta una deficiencia en la infraestructura, dotación de medicamentos, conocimientos del personal asistente, trámites largos o dispendiosos y por supuesto la mala atención administrativa y asistencial de médicos y enfermeras.

Un claro ejemplo de esto se vivió hace poco cuando el presidente Uribe atendía algunas llamadas desde el Call Center de la Superintendencia de Salud y una madre cabeza de hogar le expresó que su EPS (Empresa Prestadora de Salud) se ha negado a practicarle una cirugía en los ojos, argumentando su avanzada edad.

"No me quieren operar de mis ojos porque soy vieja. Y entonces, ¿quién va a ver por mis hijos cuando yo me muera o quede ciega?, si yo soy la voz de ellos, yo soy los oídos y los ojos de ellos, yo soy la persona que tengo que escribir y hablar por ellos. ¿Entonces qué hago yo?, si no me quieren atender", clamó la ciudadana al Mandatario de los colombianos, quien de inmediato instruyó a la Superintendencia de Salud para que atendiera el caso.

Pero si esto es sólo con ella, ¿cuál será el destino de las 364.000 personas entre hombres y mujeres que presentan discapacidad o enfermedades en sus ojos? La mayoría de estos colombianos presenta alteraciones que hacen referencia a la estructura interna y externa del ojo como párpados, iris, córnea, entre otras.

“Se reducirán los planes a la salud de los colombianos”, afirmaba Félix Martínez, medico e investigador en salud social en diálogo con el Presidente en el programa "El Radar" de Caracol TV.

Aunque esta reforma busca mejorar las condiciones en el sistema de salud, como lo han manifestado el Ministro de Protección Social y el Presidente, es evidente que perjudicaría a gran parte de los colombianos de escasos recursos económicos que ahora deberán conformarse con una atención regular y solo ser atendidos por médicos generales, pues una cita con un especialista será toda una odisea.

A pesar de que el Gobierno autorizó recientemente la entrega de 300.000 millones de pesos para sanear los déficit presupuestales que afrontan clínicas y hospitales en todo el país, como parte de la reforma a la salud, esto no alcanza a cubrir las necesidades de los cientos de usuarios que ahora deben esperar desesperadamente una cita con médico general.

Contratos

Otro de los polémicos temas que ha causado esta emergencia social son los millonarios contratos que el Gobierno ha realizado para asesorarse. El gobierno contrató al Centro de Gestión Hospitalaria y los asesores fueron su director, Julio Portocarrero, el ex director de Acemi Augusto Galán y Teresa Tono.

Esto despertó polémica entre varios candidatos a la presidencia,especialmente en el candidato del partido Cambio Radical, Germán Vargas Lleras quien entabló denuncias, bajo el argumento de que los asesores tenían "impedimentos porque hacían parte de la junta directiva de varias EPS" (Empresas Promotoras de Salud), que a juicio de muchos son las más beneficiadas con los decretos de emergencia social”.

Según Vargas Lleras, "hay un contrato suscrito el 29 de diciembre por 720 millones de pesos, para buscar la asesoría de una entidad que, a su turno, terminó subcontratando".

A estas denuncias también se sumó la Asociación de Pacientes Colombia Saludable que señala la existencia de otros contratos que pueden alcanzar los $3.000 millones de pesos (más de un millón de dólares).

La representante de esta asociación, que agrupa a enfermos de cáncer, sida y transplantes, anunció que habrá un plantón en la Corte Constitucional para denunciar estas y otras situaciones, además de pedir al alto tribunal que tumbe la Emergencia.

“Nos hacen creer, populistas, que están favoreciendo a los necesitados, y lo que están haciendo es dándole limosna a las castas inferiores. Si fuera para todos, incluyendo a los ricos, el servicio sería mejor”, dice Héctor Abad Faciolince en su columna dominical de El Espectador. Si esto último se cumpliera tendrían una verdadera democracia y no existiría la reelección.

Frases del Presidente

“El plan obligatorio de salud no se desmejora, se mantiene como plan mínimo”

“La ética de los médicos no se puede manejar con aproximaciones politiqueras”. La medida que sugería multar a los médicos también fue derogada.

“Esta reforma revindica el principio al respeto de la ética de los médicos, a su autonomía intelectual”.


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