Despertar de conciencia

Por Luciana Lamoglia

Tras décadas de aislamiento y discriminación, los mapuches en Chile han logrado reorganizarse y ahora buscan su autonomía. Su lucha puede verse truncada debido a los intereses de distintas organizaciones con quienes cotejan el control de tierras patagónicas. ¿Podrá este movimiento cruzar la cordillera?

Con la vuelta de la democracia en Chile el 11 de Marzo de 1990, las comunidades mapuches se han reorganizado en busca de su autonomía y la recuperación de las tierras que consideran que les corresponden por derecho ancestral.
Su reclamo se basa en tres ejes: La autonomía jurisdiccional, que consideran un derecho propio; la devolución de las tierras que les fueron expropiadas durante el gobierno de facto de Augusto Pinochet; y que se les reconozca su identidad cultural.
Sin embargo, los intereses económicos que guían las ambiciones de los gobiernos en la actualidad les presentan a las organizaciones mapuches un enorme obstáculo para la concreción de sus deseos.

Intereses contrapuestos
Una vez confirmado el retorno de la democracia chilena, los mapuches constituyeron el Consejo de Todas las Tierras (Aukiñ Wallmapu Ngulam) cuyo líder es el werkén Aucán Wilcamán. Su objetivo era efectivizar y eficientizar los procesos de recuperación de las tierras que les fueron expropiadas durante la dictadura.
Paralelamente, el flamante gobierno del demócrata Patricio Aylwin comenzó negociaciones a principios de 1990 con grandes empresas para la explotación de los recursos naturales que posee el país. Este fue la intersección de los caminos de ambos bandos en donde surgió el primer encontronazo.
Si bien en el año 1993 se aprobó la Ley de Desarrollo Indígena 19.253, la cual recoge parcialmente los requerimientos planteados por las comunidades y organizaciones indígenas en más de 2.000 encuentros sectoriales, comunales y regionales de Chile, y mediante la cual “el Estado reconoce que los indígenas de Chile son descendientes de las agrupaciones humanas que existen en el territorio nacional desde tiempos precolombinos, que conservan manifestaciones étnicas y culturales propias siendo para ellos la tierra el fundamento principal de su existencia y cultura”, en el año 1997 el Gobierno chileno cerró un trato millonario con la empresa española ENDESA para la construcción de una segunda central hidroeléctrica en la zona de Alto Bío Bío a la que nombraron Ralco.
Esta iniciativa se llevaría a cabo en tierras que habían sido entregadas a los mapuches durante el gobierno de Salvador Allende (de 1970 al 1973) que luego pasarían a manos de sectores económicos privados. Algunos indígenas se negaron a desalojarlas, amparados por la legislación que exigía la aprobación de la institución gubernamental CONADI (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena) de todo tipo de demandas que le hiciera al pueblo indígena.
Si bien la institución no aprobó el desalojo de los mapuches de la zona del Alto Bío Bío por atentar contra sus derechos, el ex presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle (de 1994 a 2000) destituyó al directivo de la CONADI como así también a la autoridad de medio ambiente que apoyaba la negativa al proyecto de ENDESA.
Miles de hectáreas de tierras que los mapuches pehuenches consideraban sagradas y que les pertenecían por derecho amparados por la Ley 19.253 fueron inundadas.

Punto de Inflexión
A partir de esa postura gobierno, los mapuches verificaron que, a pesar de la sanción de la Ley, la conformación de la CONADI y la llegada del conflicto que aún protagonizan con entidades internacionales como las Naciones Unidas, los únicos que podrían luchar honestamente por sus derechos son ellos mismos.
Así, en el año 1998 durante el gobierno de Ricardo Lagos se suma al Consejo de Todas las Tierras una nueva entidad: La Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco Malleco (CAM), un ente decididamente combativo, cuya única meta era la formación del Estado Nación Mapuche mediante la recuperación de las tierras que les pertenecían por derecho ancestral.
La CAM se constituyó al nuclear varias coordinadoras existentes por entonces con la meta de aunar fuerzas y embestir con mayor determinación el logro de los objetivos del pueblo mapuche. Al momento de su constitución Weftún, la voz oficial de la Coordinadora, afirmó: "Planteamos, además, la reconstrucción del Pueblo Nación Mapuche, a través de la conquista de espacios territoriales autónomos, en donde se ejerza poder mapuche, política y económicamente y en donde se revitalicen todos los aspectos de nuestra cultura”. A partir de aquel momento, la guerra estaba declarada.
En varias oportunidades la CAM organizó reuniones con otras agrupaciones con las que pudieran compartir intereses, como es el caso del Sindicato de Obreros Forestales. Por esa razón, se culpó al pueblo mapuche de tener contactos con diversos grupos terroristas, entre ellos la FARC colombiana.
Si bien ninguno de estos vínculos ha sido comprobado, el trato que el gobierno le brindaba al pueblo indígena, con el antecedente de 1990 donde el presidente Aylwin aplicó contra los mapuches la Ley de Seguridad de Estado condenando a 141 indígenas, es en la mayoría de los casos un trato represor. En el año 2002, por ejemplo, durante una ocupación ilegal del Fundo Santa Alicia en la provincia de Malleco, el joven Alex Lemus Saavedra, de 17 años, murió durante la represión policial contra los activistas mapuches.
A partir de eso y como respuesta a los reiterados ataques a fundos de propiedad privada, la Sub Secretaría del Interior desarrolló e implementó la maniobra de inteligencia denominada Operación Paciencia, mediante la cual se persiguió a la CAM como a una organización definidamente terrorista. Sus dirigentes, Pascual Pichun y Aniceto Norin, fueron encarcelados, enjuiciados y condenados a cinco años y un día de prisión por amenaza de incendio terrorista.
En todos los casos, los mapuches estaban armados con palos y elementos incendiarios, mientras que los carabineros lo estaban con escopetas antimotines cargadas con munición de plomo.

Contra la criminalización
El trato prestado a la CAM por parte del gobierno chileno ha sido repudiado por organismos internacionales. Los mapuches denunciaron la criminalización de su lucha social, la cual aún definen como conveniente para el gobierno y estéril para lograr los objetivos que plantean, que nada tienen que ver con la violencia y la muerte.
Los juicios contra los dirigentes mapuches y la criminalización de la lucha mapuche en general, las cuales se aplican bajo el marco de la Ley Antiterrorista promulgada durante la dictadura de Pinochet, fueron denunciados por el Comité de Derechos Humanos, órgano encargado de vigilar que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos promulgado en 1966 sea respetado. Como consecuencia, el Estado chileno fue instado a modificar la Ley Antiterrorista 18.314, fue exhortado a consultar con las comunidades indígenas antes de conceder licencias para la explotación económica de tierras en conflicto, y se lo interpeló a que realice el máximo esfuerzo para lograr que, en ningún caso, se atente contra los derechos de la comunidad mapuche reconocidos en el Pacto.
Como lo afirmó el relator especial de Naciones Unidas Miguel Ángel Martínez, la comunidad internacional ha reconocido expresamente el carácter de pueblo de los indígenas. A raíz de esto, lo que las comunidades mapuches continúan reclamando es el reconocimiento del derecho de autodeterminación que les corresponde en su calidad de pueblos. Además, requieren que se les reconozca la propiedad de tierras que poseen desde la época precolombina.
Con esta nueva capacidad crítica y objetivos claros, y desilusionados a su vez por los insistentes fracasos de las ideologías masivas que prometieron justicia, trabajo, bienestar y armonía para todos, esta minoría que, al ver despojada su identidad particular mientras eran absorbidas por la izquierda y llevadas a engrosar las líneas del campesinado explotado, comenzaron a alejarse de ella y nucleares con sus pares. La identidad indígena se vio así afianzada, y despertó la conciencia de que ellos mismos son capaces de luchar por la satisfacción de sus propias necesidades.



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