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Escuela de Comunicación Social, Universidad Arturo Michelena
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15 jun. 2011 at 11:14am

Expropiaciones de tierras: ¿casos aislados o política de Estado?

Por: Lucía Sosa.
Género: Reportaje de investigación.
Cátedra: Periodismo Investigativo.

Las expropiaciones de tierras en el país pasaron de ser casos aislados a convertirse en una política de Estado emprendida por el Gobierno Nacional, que deja a su paso sinsabores y consecuencias irreversibles: el declive del sector agropecuario nacional.

El Fundo San Luis, ubicado en Calabozo, estado Guárico, es muestra de la irresponsabilidad e inconsistencia del Gobierno al llevar a cabo estas medidas.

ARADO
El comienzo

El 3 de diciembre de 2008, nueve personas invadieron 100 hectáreas por la parte de la finca más lejana de la casa, vivienda principal de Rolando Sosa y Jeannette Montoya de Sosa, rompieron cercas y metieron un tractor a trabajar. Los afectados indican haber solicitado ayuda inmediata de las autoridades de Poliguárico. “Fuimos citadas las dos partes a la prefectura y allí los invasores, cuando las autoridades les informan que cometieron un delito penado en el Código Penal en su Art. 471, acceden a salir de nuestros predios y firman una caución, donde se comprometieron a respetar los linderos”, aclara Montoya.

Informa que los ciudadanos que estaban presentes en el lugar, se instalaron pegados a una cerca donde armaron una carpa, a la espera de poder tomar posesión de sus tierras, “denunciadas al Instituto Nacional de Tierras (INTI) por ellos”.

El desarrollo de los hechos

Desde ese día, según manifiesta la pareja Sosa, comenzó el hostigamiento de los invasores a los animales que permanecían en el Fundo San Luis, trabajadores y hasta a ellos mismos. Animales golpeados víctimas de disparos, hasta agresión personal a Rolando Sosa. “Cuando mi esposo le reclamó su entrada a la finca a robar nuestra madera, el invasor se le vino encima con un machete a agredirlo”, revela Montoya. Todas estas incursiones de quienes estaban ocupando la tierra de manera ilegal, fueron impedidas o neutralizadas por la Guardia Nacional, según consta en una denuncia de fecha 3 de febrero de 2009, ante la Fiscalía del Ministerio Público que realizaron los dueños del predio.

La afectada señala que “el día 19 de febrero del mismo año, al enterarnos en la publicación del diario local La Antena de una denuncia del 12 de febrero pasado, asistimos al INTI, acompañados de nuestro abogado Luis Bello, pedimos copia certificada del expediente y que se nos permitiera su revisión a los fines de ejercer nuestro derecho a la defensa y el respeto al debido proceso, el cual se nos negó”, por lo cual asegura haber ejercido sus alegatos a ciegas, es decir, sin tener la oportunidad de revisar las actuaciones efectuadas por la institución antes mencionada. Luego, el 4 de marzo acudieron de nuevo a la oficina regional del INTI y aseveran haber entregado toda la documentación, acompañada de una inspección ocular donde constaba que la finca estaba productiva.

El 26 de mayo de 2009, la ciudadana comentó que se encontraban inspeccionando la cerca que habría sido reparada en su totalidad por ellos, “pues los invasores la rompían constantemente provocando el extravío de reses”, y en ese momento se topan con funcionarios del INTI, que entraron a sus predios por donde entraban los invasores, rompiendo cercas. Puntualizó que les reclamaron, debido que el Fundo tiene su entrada principal y ellos les respondieron entregando una notificación donde declaraban 100 hectáreas ociosas. “Pedimos una medida de protección a los animales y a la actividad agropecuaria ante el Tribunal Superior Agrario, quedando a la espera de la inspección del mismo, la cual se nos negó”, dijo.

La presencia del gobernador William Lara

Por un anuncio, el 2 de octubre a tempranas horas de la mañana, en una radio comunitaria se declaró que iban al fundo a quitarles las 103 hectáreas que le quedaban a la familia Sosa del anterior procedimiento. Hizo acto de presencia la máxima autoridad regional para ese momento, el ciudadano William Lara, hoy fallecido, con el actual alcalde del municipio Francisco de Miranda, Porfirio Fajardo, acompañados por el director del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (MPPAT), Jorge Sánchez, junto al asesor legal de este ministerio, Luis Carrizales, el hoy diputado electo del estado Guárico, por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) , Jesús Cepeda Villavicencio, también el coordinador nacional del frente Ezequiel Zamora, José Bolaño; el coordinador regional del INTI Fernando Colmenares y el diputado al Consejo Legislativo Ramón Barreto.

“De esto nos enteramos por una llamada de un amigo que nos alertó de lo que sucedería, disponiéndonos a sacar de la finca lo que consideramos más valioso, mautes, pertenencias personales etc.”, expone Montoya. A las 10am de ese día se presentaron las autoridades antes mencionadas, acompañadas de la fuerza pública, Policía municipal, Policía regional y Guardia Nacional, donde se les leyó el acta que “nos arrancó de nuestra justa y legítima posesión las hectáreas que quedaban en nuestro poder por causa de rescate de tierras por utilidad pública”, de esto hay la evidencia del video donde se muestra la actuación del ciudadano gobernador Lara, recalca.

La apropiación

Desde ese viernes se dispusieron a rastrear reiteradamente la finca, acabando los pastizales, agrega Sosa, lo que trajo como consecuencia la muerte por inanición de varios animales, el uso de esos predios para actos proselitistas del PSUV, también la pretensión del asesor legal del MPPAT Luis Carrizales que “pretendió llevarse el abono acumulado a lo largo de 26 años de actividad pecuaria, argumentando la medida cautelar sobre las tierras, a lo que me opuse, recordándoles que los delitos de lesa humanidad no prescriben y que ellos atentaban contra nuestro derecho a la propiedad privada”, narra la denunciante.

Desde ese día, confiesan, ha sido un largo peregrinar por los medios de comunicación nacionales, quienes les han ayudado a no dejar que el caso San Luis sea olvidado, pues “desde ese triste 2 de octubre, se nos dijo que se haría un inventario para reconocernos nuestras posesiones, animales e infraestructura y hasta los momentos, después de disponer de las instalaciones que nos pertenecen, animales y material agrícola no nos han pagado ni un centavo de esto, a pesar de que se hizo un avalúo de todo, para la justa, oportuna y debida indemnización”, denuncia.

El 28 de mayo de 2010, tuvieron la audiencia correspondiente en el Tribunal Supremo de Justicia, por demanda de su abogado, al INTI, donde se expusieron las razones que les asisten para defender sus derechos a la posesión de estas tierras, declarando dicho Tribunal inadmisibles sus alegatos.

“Parte de nuestros animales, ovejas y caballos se los llevaron dejando un acta donde se comprometían a pagarlos y hasta la fecha no ha sucedido dicho pago. El empleado pasó a ser trabajador contratado de La Fundación de Capacitación e Innovación para Apoyar la Revolución Agraria (CIARA), organismo que se encarga ahora de nuestra finca, quienes trabajan las vacas y becerros que permanecen en los corrales, construidos por nosotros y que tampoco han cancelado”. Sostienen que dicho empleado, tiene ahora condiciones de trabajo y beneficios inferiores a los que tuvo cuando eran ellos sus empleadores.

“Lo único que se ha producido, es el arrebato de nuestros derechos”

Esta es la historia del despojo de las tierras, ahora improductivas, de la familia Sosa Montoya. Al cabo de un año y 5 meses después de hacer aproximadamente cuatro proyectos para la finca, la Fundación Ciara ha capitalizado 21 semilleros hechos con bloques de cemento, sólo uno de esos semilleros está sembrado de 50 matas de berenjenas que han producido alrededor de 40 berenjenas. También la notable merma del ganado de cría, aproximadamente 10 vacas fallecidas por desnutrición y sólo un nuevo becerro ha nacido. Los potreros llenos de monte, abandonados. “Lo único que se ha producido en un año, es el arrebato de nuestros derechos, a la propiedad privada, al trabajo y a vivir en paz en nuestro país”, concluye Montoya.

¿CRÍA O ENGORDE?

Antes
El Fundo San Luis antes de la medida cautelar de aseguramiento y la declaratoria de tierras ociosas e incultas, donde se les arrebató a los propietarios las primeras 110 hectáreas, contaban con una producción de:
 200 reses de ganado de engorde
 100 animales de cría (Vacas, mautes, novillas, becerros)
 26 Caballos
 37 Ovejos

Después
Mientras se llevaban a cabo medidas legales en los predios San Luis, cuando permanecían en las tierras los invasores, se dio lugar a enfrentamientos entre ellos y los terratenientes, como si de una lucha de fuerzas se tratara, lo que provocó la pérdida de reses en diferentes circunstancias. Animales malheridos o sencillamente, desaparecidos. Éstas son las cifras de ese período:
 91 animales de cría
 32 ovejos
 23 caballos
 Las 200 reses de ganado de engorde fueron sacadas de los previos, horas antes de la presencia de las autoridades

EL CAPATAZ
La Fundación

Creada con la finalidad original de propiciar la participación organizada de las comunidades rurales, en sus últimos años de gestión ha impulsado y desarrollado de manera eficiente proyectos que han contribuido a mejorar el nivel de vida de los pequeños productores y productoras del campo, mediante la generación y transferencia de conocimientos, participación y compromiso, con el único objetivo de fortalecer el modelo económico promovido por el Gobierno”, así se define la Fundación Ciara en su portal web disponible en la dirección: www.fundacionciara.org.

Dicha fundación, administra el Fundo San Luis desde el 2 de octubre de 2009.
Pablo Perozo, Sociólogo, Coordinador Regional del Ciara en el estado Guárico, informa que de 9 instituciones que hacen vida dentro del Ministerio Para el Poder Popular de Agricultura y Tierras, la Fundación Ciara es la que se encarga de capacitar a las demás, como también impulsan lo que denominan Unidades de Propiedad Social (UPS), y funcionan como Fundos Zamoranos. El jefe de ellos como institución, es el Ministro Juan Carlos Loyo.

En cuanto a las competencias, Perozo comenta: “Estamos encargados de la finca, pero también es nuestra responsabilidad atender las comunidades aledañas, tenemos un radio de acción de 5 a 10 km”. Respectivamente en el Fundo San Luis a 1 año y 7 meses de la expropiación, aspiran crear una empresa del Estado, donde exista participación de obreros con beneficios, mas no que pasen a ser dueños como ocurre en otras UPS. “Aquí el Estado va a asumir las riendas, o ya las ha estado asumiendo”, afirma.

PÍA EL ALCARABÁN
¿Expropiación, confiscación o expoliación?

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos, en dicha declaración quedaron impresos todos los beneficios que poseen los ciudadanos, para su aplicación en los países miembros de tal organización, Venezuela, entre ellos. Su artículo número 17, cita que:
"Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad".

El artículo número 8 de dicha declaración, corresponde al derecho de los recursos efectivos ante los tribunales nacionales competentes, que deben amparar a los ciudadanos ante actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. De igual manera, no sólo leyes internacionales contemplan el derecho a la propiedad privada, en Venezuela, la Constitución de la República, en su artículo número 115 manifiesta que:

"Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes".

En contraste, también existe la ley del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), cuya modificación, relacionada a las expropiaciones de cualquier bien aunque no sea denominado de utilidad pública, genera una contradicción de fondo que existe en el Gobierno, creador y promulgador de leyes.

La expropiación de un bien se fundamenta por la causa de utilidad pública o interés social y mediante una sentencia firme, aunada al pago oportuno de justa indemnización se llevare a cabo, mientras que la confiscación, como su nombre lo señala, indica una apropiación o decomiso que se llevan a cabo con toda clase de bienes muebles e inmuebles. Manuel Cipriano Heredia, presidente de Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga) cataloga el caso San Luis como una expoliación, despojo o robo de tierras, debido al acto de intimidación (presencia de gobernador y las fuerzas públicas), no se respeto el debido proceso, no hubo sentencia firme; ni ha habido en 1 año y 7 meses, justa indemnización.

Según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo N°116 contiene que sólo quienes sean responsables de delitos contra el patrimonio público, que se hayan enriquecido ilícitamente al amparo del poder público, podrán ser objeto de confiscación. Alfredo Romero, abogado venezolano defensor de los Derechos Humanos, afirma que en el país “son violados los derechos ciudadanos de forma consecuente y continua, entre ellos el derecho a la propiedad privada y a vivir en paz que son elementales… la Carta Magna los garantiza y son los gobernantes quienes hacen caso omiso de ello”.

Respecto al caso San Luis, el especialista sentencia que debe ser llevado a instancias internacionales, debido a la cantidad de atropellos contra sus dueños en más de 2 años de lucha legal y humana, ya que han sido amenazados en varias oportunidades por quienes ahora tienen el poder, indica que los delitos de lesa humanidad no prescriben.

SITUACIÓN ACTUAL

La producción en el Fundo San Luis, hoy día se encuentra en stand by. Francisco Santaella, coordinador municipal del Ciara, confía en el ritmo de trabajo que llevan y la posibilidad de hacerlo realidad, “si los dueños anteriores pudieron hacerlo posible en el tiempo que estuvieron aquí, el Estado debería hacerlo mejor”. Aseguran estar trabajando en la preparación de 50 hectáreas para la siembra de pasto y seguir realizando lo que llaman “ensayos” para reajustar el proyecto.

Los ensayos han sido la siembra de 3 hectáreas de sorgo, que no cosecharon, la siembra de 20 matas de berenjena, cuyos frutos tampoco fueron aprovechados, entre otros. “nosotros como innovadores, tenemos que hacer ensayos”. Luego de 19 meses, certifican no tener el proyecto a mano, debido a que fue reorientado por las características del suelo y las dificultades de la zona.

Austero verano

La época de verano junto a la administración trajo consecuencias devastadoras para el Fundo San Luis, en la actualidad quedan 70 reses y la cría nueva ha sido de tres unidades, de las cuales un becerro ya murió. Perozo respecto a esto expone que están tratando de recuperar la cría que queda y hace hincapié en que no están en condiciones de ser llevadas a un matadero para ser beneficiadas, mientras tanto, la familia Sosa sigue sin respuestas sobre el pago justo y ya no oportuno, debido a la cantidad de tiempo que ha transcurrido.

Informa que hay acuerdos realizados con Cuba, Nicaragua y Ecuador, quienes a su juicio tienen las mejores crías animales, para meter ganado de esos países, pero primero “tenemos que generar las condiciones, y eso implica reparar cercas y meter una empresa de vigilancia privada, porque esto es muy inseguro, sin dejar de lado a las comunidades… No podemos desarrollar aquí si salimos a la calle y hay tanta necesidad”.

OTROS CASOS

Notable es el caso de la hacienda La Carolina, que siendo productiva en su totalidad, pues producía leche y carne para el país fue decretada UPS. Actualmente llamada Capitán Rodolfo Alberto Domador Pineda, está ubicada en el municipio Nirgua del estado Yaracuy, con una extensión de 376 hectáreas originalmente propiedad de Diego Arria, ex Embajador venezolano.

Entre otros casos está el Fundo Barinal, en el estado Guárico, que tenía una producción de 500 cabezas de ganado de ceba y cría en una extensión de 944 hectáreas, propiedad de Julio Campos, quien a sus 86 años aún espera que le paguen lo que le pertenece. Esos predios fueron repartidos entre invasores y campesinos. Hoy cuenta con 400 hectáreas y 300 animales. Recalca la pérdida de 200 reses debido a que el caño que alimentaba la laguna de la que bebía el ganado, quedó del lado expropiado y por falta de agua se secaron los pastizales.

No existen cifras exactas que determinen la cantidad de expropiaciones que ha habido en Venezuela desde hace algunos años hasta la actualidad. Sólo existen crudas realidades que demuestran la situación actual del país, cruda en todos los sentidos, pero el más notable, que tiene consecuencias en todas las clases sociales, sin distinción, es el sector económico.

En cuanto a expropiación de fundos, la Confederación Nacional de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro), no maneja cifras oficiales precisas que reflejen la cantidad de despojos llevados a cabo en el país. Carlos Odoardo Albornoz, secretario general de dicha organización estima que alrededor de 100.000 hectáreas han sido confiscadas en este período gubernamental. Expone que la inexactitud de números, es debido a la diferencia del estado de los casos. "Algunos predios se encuentran invadidos, mas no expropiados, otros están en pleno litigio legal", apunta. Lo que sí es exacto, es el estado en que se encuentran esas fincas hoy en día, como lo reflejan algunos medios de comunicación social del país y lo manifiestan a viva voz ciertos afectados por lo que se ha convertido en una política de estado: expropiar por doquier.

Además, revela una independencia de poderes, inexistente. Un poder represado en el Poder Ejecutivo, ejercido por el Presidente de la República, que sólo envía ordenes a los demás órganos que constituyen un Estado, como lo es el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, que gozan de una autonomía ausente.

Este panorama es uno de los más nublados en el país, uno de los más complejos, y por el que la ciudadanía exige respuestas. Es esa población, la principal afectada, que corre con todas las consecuencias de las políticas aplicadas por los gobiernos. Como si de un experimento se tratara, poniendo en juego las esperanzas, pero sobretodo la paz de un país.


Etiquetas: Expropiaciones, fincas, Venezuela.
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